La caída del petróleo por debajo de 73 dólares por barril, impulsada el miércoles 24 de junio por el entendimiento alcanzado en Lucerna, Suiza, entre Estados Unidos e Irán, abrió un margen inmediato para las finanzas públicas: con los precios de los combustibles y la tasa de cambio vigente, el subsidio dejaría de ser necesario. Una semana antes, con el barril en 80 dólares, ese apoyo había rondado los 400 millones de pesos.
Aun así, la explicación detrás de esa baja no despeja las dudas. El acuerdo fue presentado como una hoja de ruta de 60 días para cerrar un pacto de paz definitivo, pero el texto insiste en que se trata de un entendimiento frágil, condicionado por la actuación de Israel en Líbano y Gaza, por el destino del uranio enriquecido y por las declaraciones de Donald Trump. Por eso, el respiro fiscal aparece más como una oportunidad que requiere prudencia y seguimiento que como una certeza durable.
La combinación de Plan Anticrisis y un petróleo más barato podría aliviar las cuentas públicas, mantener el déficit fiscal dentro de las proyecciones originales y abrir espacio para mayor inversión pública. Sin embargo, el propio texto subraya el contraste: mientras se habla de mejora en la calidad del gasto y de un efecto multiplicador más alto del dinero público, también se recuerda que todo plan anticrisis en materia fiscal tiende a provocar un aumento momentáneo de la inflación. Con la inflación en 5.35 % a mayo y la posibilidad de un leve repunte en junio, la pregunta de fondo no es solo si el Estado ahorra, sino cuándo ese alivio se traduce en un beneficio verificable para la población.