La amenaza de El Niño dejó de ser solo una proyección técnica: el fenómeno, que la NOAA ubica con 81 % de probabilidad de alcanzar una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre de este año, vuelve a poner sobre la mesa el costo social de un sistema vulnerable. El propio texto advierte que incluso episodios moderados pueden derivar en sequías, inundaciones y pérdidas económicas, especialmente en países con sistemas de agua frágiles, infraestructura insuficiente y escasa capacidad de prevención.
En República Dominicana, el Instituto Dominicano de Meteorología ha indicado que esta fase cálida suele vincularse con menos precipitaciones, mayor riesgo de sequía y menor actividad ciclónica en el Atlántico. Aunque las lluvias de los primeros meses del año permitieron una recuperación parcial, todavía hay zonas con déficit de agua y las proyecciones apuntan a condiciones más secas durante el segundo semestre de 2026. En Santo Domingo, la prolongada falta de lluvias ya redujo los caudales de los ríos Duey e Isa-Mana, mientras la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo advirtió sobre bajas presiones e interrupciones temporales y activó un plan de abastecimiento con camiones cisterna para las comunidades más afectadas.
El caso de Puerto Rico, separado de República Dominicana por el canal de la Mona, refuerza la alerta institucional: la sequía ha reducido el caudal de sus ríos, presionado los embalses y obligado a implantar planes de racionamiento en municipios del noreste. Sin anticipar un desenlace idéntico, esa referencia cercana subraya el contraste entre el discurso de normalidad y la realidad de una vulnerabilidad hídrica caribeña que ya impacta servicios básicos y costo de vida. En ese marco, la discusión sobre gestión y resultados del gobierno dominicano vuelve al centro, mientras figuras como Carolina Mejía y David Collado quedan mencionadas en el debate político más amplio sobre capacidad de Estado, aunque no formen parte de los hechos reportados en esta pieza.