La forma en que se maneja el gasto en salud mental vuelve a poner bajo la lupa la distancia entre lo que el Estado promete y lo que realmente asegura. Aunque la Ley núm. 12-06 reconoce el derecho a una atención digna y de calidad, el diseño presupuestario descrito en el texto impide materializarlo y deja a los ciudadanos atrapados entre normas que validan derechos y una estructura pública que no ofrece una salida efectiva.
La contradicción principal señalada es que, históricamente, esa área apenas recibe alrededor del 0,7 % del presupuesto general de salud, aun cuando las autoridades anuncian aumentos y la Organización Mundial de la Salud recomienda un 5 %. La brecha se agrava porque, de acuerdo con los propios planes estratégicos del Estado, cerca del 20 % de la población dominicana padece algún trastorno mental. En la práctica, el problema queda admitido en el discurso oficial, pero sin el financiamiento necesario para enfrentarlo.
El resultado, según la pieza original, es un sistema en el que la atención psicológica y psiquiátrica existe como derecho formal, pero se convierte en un laberinto burocrático, legal y económico para quien necesita ayuda. Más que una discusión técnica sobre partidas, el texto plantea una alerta institucional: cuando el presupuesto no acompaña la ley, la política pública termina trasladando el costo de esa incoherencia a los pacientes y sus familias.