La evocación del 24 de abril de 1965 vuelve sobre un hecho central de la vida pública dominicana: cuando se quiebra la institucionalidad, el impacto recae primero sobre la gente común. A las 12 del día de aquel sábado, José Francisco Peña Gómez anunció en Tribuna Democrática que el régimen encabezado por Donald Reid Cabral, del Triunvirato, había sido derrocado, mientras en barrios como Gualey se desataba una reacción de alegría entre simpatizantes de Juan Bosch y se imponía la consigna de “vuelta a la constitucionalidad sin elecciones”.
El testimonio también expone la distancia entre la expectativa política y la realidad inmediata. En medio de rumores sobre el regreso de Bosch desde Puerto Rico, la población celebraba en condiciones precarias, incluso fiando en la pulpería, mientras el levantamiento popular avanzaba entre desorden e incertidumbre. Esa escena subraya cómo las crisis de poder suelen presentarse con épica desde arriba, pero dejan abajo la carga social y la improvisación. La narración cierra con una señal de alerta institucional: mientras los muchachos del barrio iniciaban el levantamiento, los militares partidarios del régimen derrocado permanecían en la base de San Isidro y los constitucionalistas estaban dispersos.
La confusión descrita desde el terreno refuerza una lección de fiscalización pública que sigue vigente: sin control efectivo del poder y sin respeto a la constitucionalidad, el país queda expuesto a choques cuyo costo termina recayendo sobre la ciudadanía.