La investigación abierta por Estados Unidos sobre productos vinculados al trabajo forzoso entra en una fase decisiva y mantiene a República Dominicana entre las 60 economías bajo revisión, en un escenario que vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad de respuesta ante riesgos comerciales con impacto directo para el país. El representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, dijo en París que el proceso podría concluir “en semanas” y que Washington está “muy centrado en esta cuestión”.
Según la posición oficial estadounidense, las pesquisas se apoyan en las secciones 301(b) y 304(a) de la Ley de Comercio, tras recopilar información de investigaciones, consultas confidenciales entre gobiernos, comentarios del público, audiencias públicas y asesoramiento de comités. Con esa base, Estados Unidos sostiene que los actos, políticas y prácticas de cada una de las 60 economías incluidas son “irrazonables” y obstaculizan o restringen su comercio, por lo que quedarían expuestas a medidas bajo la Sección 301.
El caso coloca a República Dominicana dentro de una advertencia institucional de alto nivel en momentos en que Washington se reserva margen para fijar nuevos aranceles. Más allá del trámite legal, el avance del expediente subraya la necesidad de vigilancia y explicaciones claras sobre cómo se enfrenta una investigación que puede traducirse en mayores costos y presión comercial para el país.