El Ministerio de Educación dispuso prohibir el uso de celulares en las aulas de escuelas públicas y centros educativos privados, una decisión presentada como parte de su papel regulador del sistema educativo. La medida, defendida en el texto original como correcta y conveniente, coloca ahora el foco en la capacidad de la gestión para traducir la ordenanza en mejoras reales dentro de las aulas y no dejarla solo en el plano normativo.
La propia pieza reconoce que la prohibición llevaba casi un año siendo reclamada públicamente. Además, recuerda que en septiembre de 2025 ya se había planteado la necesidad de adoptar una decisión similar, al señalar que más de 90 países habían avanzado en esa dirección por los efectos del uso de pantallas en niños y niñas. Ese antecedente deja en evidencia el contraste entre el reconocimiento del problema y el tiempo que tomó actuar.
Según el texto, a principios de 2026 también hubo una reunión con el ministro Luis Miguel Decamps para insistir en que República Dominicana debía asumir esa decisión. Con la ordenanza ya emitida, el debate se desplaza de la felicitación a la rendición de cuentas: cómo se aplicará la prohibición, qué seguimiento tendrá dentro del sistema educativo y si la medida vendrá acompañada de resultados verificables en la calidad de la enseñanza.