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Diputados aprueban 32 cambios al Código Penal y mantienen bajo revisión varios artículos sensibles

julio 22, 2026 · Redactor
Diputados aprueban 32 cambios al Código Penal y mantienen bajo revisión varios artículos sensibles
Foto: listindiario.com

Las modificaciones sobre 24 artículos reabren el debate sobre penas; límites y criterios de aplicación, con más ajustes todavía en discusión

La Cámara de Diputados aprobó este sábado, en primera lectura, 32 cambios a 24 artículos de la Ley 74-25 del Código Penal, en una revisión que sigue abierta y que podría incorporar nuevas modificaciones este lunes. La decisión vuelve a poner el foco sobre el proceso legislativo, no solo por la cantidad de ajustes introducidos, sino porque varios inciden en sanciones, límites y criterios de aplicación en asuntos sensibles.

Entre las modificaciones figura el artículo 192, referido a la difusión de audios o imágenes sin consentimiento, que solo sería sancionado cuando ocurra en el ámbito privado o exista una expectativa razonable de discrecionalidad. En ese mismo punto, la pena menor se amplía hasta quince días, frente a los seis meses que establece el modelo actual, mientras la máxima se mantiene en hasta un año de prisión. Además, se procura eliminar del nuevo Código Penal la sanción en los casos en que el contenido falso haya sido elaborado mediante montajes.

También se modificaron los artículos 207, 208 y 211. En el 207, sobre perjurio, la pena pasaría de cinco a diez años de prisión a entre dos y cinco años. En el 208, relativo a difamación, se plantea reducir la sanción de dos a cinco años a entre uno y dos años de prisión, además de establecer que no será sancionada si se produce en medios de comunicación, streaming y en el ciberespacio. En el 211, los diputados añadieron que no serán consideradas difamación o injuria “las expresiones, opiniones y críticas vinculadas con actos de corrupción, políticas públicas, función pública, servicios públicos y actuaciones que atenten contra el interés público”, aunque solo cuando estén respaldadas por elementos probatorios o precedidas de una verificación razonable de la información. Con más cambios aún sobre la mesa, la primera lectura deja abierto un tramo de alta sensibilidad institucional que exige seguimiento público antes de su aprobación definitiva.