La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) situó la Ley 30-26 en el centro de su mensaje para mostrar avances en formalización empresarial, al exponer ante empresarios de Santiago y la región Norte un paquete de facilidades de pago, reducciones impositivas e incentivos dirigido a quienes operan en la informalidad. La apuesta se da en una de las áreas más dinámicas del país, pero también con altos niveles de informalidad, una combinación que vuelve a colocar sobre la mesa la capacidad de gestión para convertir el discurso oficial en resultados comprobables.
En la exposición del 16 de julio, el director general Pedro Urrutia Sangiovanni sostuvo que la normativa brinda condiciones favorables para integrarse al sistema tributario sin que la carga fiscal limite el crecimiento. Entre las medidas mencionadas están la reducción de los recargos por mora al 3 %, con tope de hasta el 100 % de la obligación tributaria principal; una amnistía para deudas tributarias con condición de cosa irrevocablemente juzgada; la reducción al 10 % de la tasa aplicable a la ganancia de capital inmobiliaria de personas físicas; y exenciones asociadas a la vivienda habitual, la reinversión dentro de seis meses y la venta de la vivienda de personas mayores de 65 años.
La DGII agregó que desde 2027 quedará suprimido el impuesto del 1 % sobre la constitución de compañías y los aumentos de capital. Aunque la posición oficial insiste en que acogerse a la ley ampliará la base tributaria sin elevar tasas, el peso puesto en alivios, amnistías y estímulos reabre la exigencia de seguimiento sobre los resultados reales de Hacienda y del oficialismo en materia fiscal, así como sobre el efecto de estas medidas en la recaudación, la formalización y las prioridades de la sociedad civil.