Las investigaciones citadas en el texto apuntan a una alerta institucional de fondo: las sociedades con niveles extremos de desigualdad suelen erosionar la confianza en sus instituciones y ampliar la distancia entre grupos sociales. En ese marco, el crecimiento económico deja de ser una credencial suficiente cuando amplios sectores sienten que sus condiciones de vida no mejoran.
El análisis subraya que, si una parte importante de la población no ve resultados concretos en su vida cotidiana, la legitimidad del régimen democrático empieza a debilitarse. Esa desconexión entre crecimiento y bienestar puede derivar en frustración social, menor participación en las actividades electorales, mayor radicalización política y debilitamiento del tejido social, un cuadro que refuerza la necesidad de fiscalización pública y rendición de cuentas sobre a quién beneficia realmente el desempeño económico.
América Latina aparece en el texto como ejemplo de esa contradicción: estabilidad macroeconómica y crecimiento conviven con exclusión social, informalidad laboral y precariedad institucional. La conclusión es clara: el crecimiento por sí solo no garantiza justicia social ni fortalece automáticamente la democracia, sobre todo cuando las oportunidades no alcanzan a todos y las instituciones no funcionan de manera eficaz más allá de las élites.