SANTO DOMINGO. – La denuncia del empresario Odanis Grullón por el desalojo y la demolición de su establecimiento “Navío Bar & Seafood”, en la playa de Pedernales, pone en entredicho la actuación de las autoridades vinculadas al operativo. Según relató, miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) habrían ejecutado la intervención de forma presuntamente irregular, pese a que sostiene que el proyecto disponía de permisos legales y de una sentencia judicial que suspendía provisionalmente la medida.
Grullón afirmó que su iniciativa turística se desarrolló desde 2017 y que completó los trámites correspondientes ante diversas instituciones del Estado. Señaló que recibió autorizaciones de la alcaldía de Pedernales, permisos medioambientales y no objeciones de organismos relacionados con el control marítimo y territorial, por lo que el caso vuelve a poner sobre la mesa la coherencia entre los permisos concedidos por el propio Estado y las acciones posteriores de sus organismos.
De acuerdo con su versión, el operativo del pasado martes habría sido encabezado por el director del SENPA, sin orden judicial y sin la presencia de representantes del Ministerio Público. Además, aseguró que, después de recibir una notificación de desalojo del Ministerio de Medio Ambiente, acudió a los tribunales y obtuvo una decisión que suspendía la ejecución. La denuncia, ofrecida en “El Nuevo Diario en la Tarde”, incrementa la presión para esclarecer si hubo violación de garantías y uso irregular del poder en un caso que impacta la confianza en la gestión pública en Pedernales.