La discusión sobre la importación de arroz desde Estados Unidos volvió al centro del debate público después de que el presidente Luis Abinader promulgara el Decreto 635-26, una medida que derogó el Decreto 693-24 y reactivó preguntas de fondo sobre el impacto real de esa decisión en los hogares dominicanos. Más allá del cambio normativo, el punto que queda abierto es si una eventual baja de precio justificaría el giro frente a las reservas que persisten entre consumidores.
El decreto derogado, emitido originalmente el 17 de diciembre de 2024, establecía un arancel de 20 % ad valorem para determinadas importaciones del cereal, además de una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas con arancel 0 % y un gravamen de hasta 99 % para los volúmenes que excedieran ese límite. La modificación oficial intensificó la controversia y colocó bajo escrutinio una decisión con efectos directos sobre consumo, mercado y protección del producto nacional. Un sondeo del Periódico Hoy muestra que, incluso ante la posibilidad de un arroz más barato, no hay una aceptación automática. Entre los consultados pesan la lealtad al producto local, la desconfianza sobre la calidad y la presión de la economía familiar. Rosa Pérez dijo que consume “el doble AA” y que primero “hay que ver cómo sería ese arroz”, mientras Mercedes Ozuna afirmó que no lo compraría ni aunque fuera más barato, “porque es un arroz plástico”.
El contraste entre la medida oficial y la reacción ciudadana deja en evidencia que el debate no se agota en el precio y que la decisión del Gobierno sigue requiriendo explicaciones sobre sus consecuencias reales.