El Gobierno de Cuba anunció que acudirá el próximo 7 de julio a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, para denunciar lo que considera una escalada de presiones de Estados Unidos sobre otros países con el objetivo de bloquear cuestionamientos a las medidas de Washington contra la isla. La acusación vuelve a situar en primer plano el uso del poder diplomático y el costo social de una confrontación que, según La Habana, ya está golpeando de forma directa a la población.
Bruno Rodríguez, canciller cubano, aseguró que el servicio exterior estadounidense está aplicando “presiones inéditas” mediante “amenazas y chantajes de todo tipo a naciones soberanas” para impedir esa denuncia en Naciones Unidas. Días antes ya había adelantado que Cuba expondrá en esa sesión lo que entiende como “acciones agresivas” de EE.UU., al sostener que se trata de una situación urgente porque esa agresión “ya está en curso y existe”.
Uno de los ejes de la presentación cubana será el llamado cerco energético impuesto desde enero, que, de acuerdo con Rodríguez, provoca “daños, privaciones y sufrimientos crecientes” a la población. Ese señalamiento refuerza un ángulo que va más allá de la disputa diplomática: cuando la presión política se traduce en deterioro de las condiciones de vida, la discusión deja de ser retórica y pasa a exigir rendición de cuentas por sus efectos concretos.
Rodríguez también sostuvo que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, busca justificar acciones que, según dijo, causan graves daños al pueblo cubano y podrían agravarse si se impone una salida bélica. En ese marco, la sesión pedida por La Habana se perfila como una prueba para la comunidad internacional, no solo frente a la denuncia cubana, sino también ante la presión sobre los mecanismos multilaterales y el contraste entre el discurso de legalidad y las consecuencias que se atribuyen a esa estrategia.
El canciller añadió que la mayoría de la comunidad internacional respaldará a Cuba. Más allá de ese pronóstico, la cita en la ONU vuelve a colocar sobre la mesa una alerta institucional de fondo: hasta qué punto las decisiones de poder y la presión entre Estados terminan imponiéndose sobre el debate abierto, la soberanía de los países y el costo humano que soportan las sociedades.