El Congreso Nacional continúa recibiendo reclamos de sectores sociales sobre el nuevo Código Penal, a menos que la norma entre en vigencia el 3 de agosto, en medio de advertencias sobre fallas sensibles que todavía generan reparos en puntos clave.
Desde el martes pasado, las cámaras legislativas habilitaron el espacio para escuchar propuestas de modificación al texto. La Comisión Bicameral, encabezada por el diputado Wandy Taveras, ha recibido planteamientos sobre diversas tipificaciones penales, aunque uno de los temas que más presión pública concentra sigue siendo el alcance de las sanciones previstas por la Ley 74-25 cuando se trata de la libertad de expresión y del ejercicio informativo.
En ese marco, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) depositó un documento con observaciones a por lo menos 11 artículos. Las propuestas presentadas por Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la entidad, buscan modificar alrededor de ocho disposiciones, entre ellas los artículos 186, 192, 194, 208, 211, 212, 234 y 310.
Entre los ajustes sugeridos, ADOCCO plantea que el artículo 186, sobre atentado contra la intimidad, incorpore una exclusión expresa de responsabilidad cuando la divulgación responda al ejercicio legítimo del periodismo y exista un interés público prevaleciente. También propone corregir la redacción del artículo 192, relativo a la difusión de audios o imágenes sin consentimiento, para evitar que termine impactando el periodismo de investigación.
La entidad además pide precisar en el artículo 194 el alcance de la responsabilidad penal por difusión de informaciones falsas, a fin de no castigar el “ejercicio legítimo de la actividad informativa”. Que estas correcciones sigan llegando en la antesala de la entrada en vigencia de la ley refuerza la alerta institucional sobre la calidad del proceso y sobre la obligación del Congreso y del Gobierno de rendir cuentas ante una norma que todavía genera reparos en la sociedad civil.