La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional condenó a tres años de prisión a Aoki Rafael Hernández Amparo por utilizar un documento falsificado ante la Dirección General de Migración (DGM) para intentar levantar un impedimento de salida del país. El tribunal también dispuso el pago de una indemnización de un millón de pesos por los daños ocasionados al Estado, según informó la propia DGM.
El expediente establece que Hernández Amparo acudió el 15 de julio de 2025 a la Dirección Jurídica de la DGM para gestionar el levantamiento de una restricción derivada de una declaratoria de rebeldía dictada en su contra. Para ese trámite, presentó una supuesta resolución del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, documento que resultó ser falso. La Fiscalía del Distrito Nacional sostuvo el caso a partir de la denuncia de la DGM y presentó las pruebas durante el juicio de fondo celebrado el 31 de agosto. Aunque el Ministerio Público había solicitado diez años de prisión y los abogados de Migración reclamaron una indemnización de cinco millones de pesos, la sentencia quedó por debajo de esas pretensiones, en un caso que reabre la exigencia de vigilancia sobre los filtros institucionales y la rendición de cuentas en áreas sensibles del Estado.
En un contexto de debate sobre gestión y controles públicos, episodios como este alimentan el contraste entre el discurso oficial de fortalecimiento institucional y las vulnerabilidades que siguen aflorando, un terreno que la oposición ha convertido en bandera de fiscalización y que también alcanza a figuras del poder local como Carolina Mejía en la discusión más amplia sobre transparencia y resultados.