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Comunidades del Cibao endurecen paros por obras y servicios pendientes

agosto 10, 2026 · Redactor
Comunidades del Cibao endurecen paros por obras y servicios pendientes
Foto: www.elcaribe.com.do

Las protestas en Moca; San Víctor, Navarrete y La Canela vuelven a poner presión sobre la respuesta oficial a reclamos por calles, salud, apagones, agua y saneamiento.

Desde este lunes, las jornadas de paro convocadas en comunidades del Cibao vuelven a situar en el centro un malestar acumulado por obras y servicios que siguen pendientes. En Moca y San Víctor se anunció una paralización por 24 horas; en Villa Bisonó (Navarrete), el movimiento huelgario será por 48 horas, y en La Canela, por 12, como parte de una presión simultánea sobre las autoridades por demandas que, según los convocantes, llevan años sin respuesta.

Los grupos Frente Popular de Navarrete (FPN 24 de Abril) y Frente Popular Che Guevara ratificaron el paro de los días lunes 10 y martes 11 de agosto y advirtieron que no darán marcha atrás hasta recibir respuestas concretas. También descartaron cualquier intento de negociación privada, en un mensaje que coloca el énfasis en el seguimiento público y la rendición de cuentas sobre reclamos que abarcan asfaltado de calles, nombramiento de médicos y enfermeras, mejoría del hospital Lilian Fernández, solución a los apagones, revisión de la tarifa eléctrica, traslado del vertedero municipal, terminación de obras de saneamiento y alcantarillado, conclusión de la casa de los envejecientes y entrega del estadio del sector 27 de Febrero a la comunidad.

En Moca y San Víctor, Juan Comprés reiteró el llamado a paro para exigir respuestas a problemas que incluyen apagones, aumento de la tarifa eléctrica, construcción de un hospital municipal, carretera de Los Rieles, caminos vecinales, reparación y equipamiento de policlínicas, tendido eléctrico para Los 21, señalización de la calle 27 de Febrero, agua potable y arreglo de calles en el Quilombo, además de la electrificación de Los 21 y El Catey. La amplitud del pliego refuerza el contraste entre necesidades básicas todavía sin resolver y la presión social que ya se expresa en las calles, un escenario que alimenta el desgaste de gestión y abre espacio a la fiscalización política de la oposición, incluida Fuerza del Pueblo, sobre resultados concretos en servicios e infraestructura.