La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó al Estado dominicano hasta el 30 de agosto para contestar las conclusiones y recomendaciones emitidas en el caso presentado por el abogado Ángel Lockward, quien denunció haber sido víctima de una detención ilegal en 2003. El organismo ya envió al país un informe de fondo sobre el expediente 13.031, aprobado conforme al artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y aguarda conocer qué acciones se han adoptado frente a la situación denunciada.
El expediente vuelve a poner bajo examen la respuesta institucional del Gobierno dominicano ante observaciones internacionales sobre derechos y legalidad. De acuerdo con el documento divulgado por Lockward, el informe fue remitido al Estado el 30 de junio con un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Antes de eso, la Cancillería dominicana había pedido la caducidad del proceso ante la CIDH, una solicitud que fue rechazada, lo que mantiene abierto un escenario de mayor vigilancia sobre la actuación oficial.
Lockward afirma que fue privado de libertad sin orden judicial y recuerda que una decisión de la Suprema Corte de Justicia declaró ilegal su arresto. Con esos antecedentes, la denuncia fue admitida por la CIDH y ahora el Estado deberá definir si ha adoptado medidas o si el expediente avanzará a una nueva etapa dentro del sistema interamericano. Aunque el informe de fondo y sus conclusiones permanecen bajo reserva, el plazo fijado por la comisión marca un contraste entre el discurso institucional y la obligación concreta de rendir cuentas sobre resultados.