La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió este martes que la rápida transformación digital puede profundizar las desigualdades sociales, laborales y territoriales en la región si los gobiernos no colocan la inclusión digital en el centro de sus políticas públicas. La advertencia, formulada durante la apertura del Sexto Seminario Regional de Desarrollo Social, sitúa el debate en el terreno de la gestión pública: el avance tecnológico no asegura por sí mismo bienestar ni acceso, y sin medidas adecuadas puede convertirse en una nueva vía de exclusión.
En el encuentro, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, planteó que América Latina y el Caribe enfrenta tres trampas estructurales: bajo crecimiento, alta desigualdad y debilidad institucional. A partir de ese diagnóstico, afirmó que la digitalización puede impulsar la productividad, la innovación y el acceso a servicios esenciales como educación, salud y servicios financieros, aunque esos beneficios no se reparten de forma automática ni equitativa. “Avanzar hacia la inclusión digital no es solo una agenda tecnológica, sino también una agenda de derechos y desarrollo”, subrayó.
También representantes de organismos internacionales coincidieron en que la transformación digital necesita políticas públicas más sólidas para favorecer a toda la población. La embajadora de la Unión Europea en Chile, Claudia Gintersdorfer, advirtió además que la tecnología por sí sola no garantiza inclusión, en una señal de alerta sobre la necesidad de vigilancia institucional y de decisiones públicas capaces de impedir que la modernización amplíe las brechas en lugar de cerrarlas.