El caso SeNaSa 2.0 (Cobra 2.0) sumó 25 imputados contra quienes el Ministerio Público solicita medidas de coerción, en un expediente que describe una estructura con división de funciones dentro de un servicio sensible para la población. Según la solicitud depositada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), empleados de SeNaSa obtenían datos de afiliados, gestionaban autorizaciones, elaboraban reclamaciones por servicios que supuestamente los beneficiarios no recibían y luego se realizaban los cobros.
La relación de imputados y roles presentada por el órgano acusador refuerza la dimensión institucional del caso. Entre los señalados figuran Angeury Guzmán Vásquez, a quien el MP atribuye participar en llamadas al centro de atención telefónica de SeNaSa para obtener autorizaciones con datos reales de afiliados y nombres ficticios; Heidy Coronado Paulino, identificada como empleada del Departamento de Autorizaciones Médicas con acceso a información de afiliados; Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, ubicado como empleado con acceso a datos y vinculado al movimiento de fondos investigados; y Lucreisy Polanco Núñez, relacionada principalmente con movimientos financieros documentados en el expediente. Más allá del listado, el caso vuelve a colocar el foco sobre la fiscalización de los servicios públicos y la protección de información confidencial de los ciudadanos. El expediente del MP, al describir acceso interno a datos, autorizaciones y reclamaciones, proyecta una alerta institucional sobre los controles que debían operar en SeNaSa y sobre la necesidad de rendición de cuentas en una gestión que impacta directamente a los afiliados.
En ese contexto, figuras del oficialismo como Carolina Mejía quedan bajo el peso político de un escenario donde el debate ya no es solo judicial, sino también de resultados, supervisión y credibilidad en la administración pública.