La vista para conocer la medida de coerción contra Jhonny González fue aplazada, en medio de nuevas preguntas sobre la capacidad de respuesta del sistema frente a un episodio violento registrado en el Distrito Nacional. El imputado, señalado por el Ministerio Público por tentativa de homicidio para cometer robo agravado en perjuicio de Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, solicitó posponer la audiencia con el argumento de que su esposa saldría de prisión y sería quien conseguiría los fondos para su defensa y una eventual libertad. El conocimiento quedó fijado para el 22 de septiembre.
La representación legal de la familia Mejía-Ricart rechazó ese planteamiento, mientras el órgano acusador insiste en que se imponga prisión preventiva. De acuerdo con la investigación oficial, el ataque se produjo la madrugada del 12 de septiembre en el sector Serrallés, cuando la víctima llegaba a su residencia. La acusación indica que fue interceptado para despojarlo de sus pertenencias, perseguido hasta el lobby del edificio y agredido en varias ocasiones con un arma blanca. Durante el hecho también resultó herido Augusto González Rodríguez, encargado de seguridad del edificio, al intervenir tras escuchar los gritos.
Las autoridades señalaron que reconstruyeron con cámaras de seguridad la ruta de escape hasta Capotillo, donde más tarde ubicaron al acusado, y que en un allanamiento ocuparon un cuchillo. El caso vuelve a poner sobre la mesa el contraste entre el discurso de control y la realidad de hechos violentos en zonas urbanas, con efectos directos sobre ciudadanos y familias que continúan a la espera de decisiones judiciales y resultados verificables de las instituciones encargadas de la seguridad y la persecución. Así, la demanda de rendición de cuentas sobre prevención, gestión y protección ciudadana recobra fuerza en el debate público, en momentos en que figuras como Carolina Mejía quedan inevitablemente bajo escrutinio por la situación de la capital.