El caso de Wilkin García Peguero, conocido como Mantequilla, volvió a poner el foco sobre el costo que dejó entre ciudadanos una operación fuera del sistema financiero regulado. De acuerdo con el Ministerio Público, unas 35 víctimas presentaron querellas y denuncias por pérdidas superiores a RD$20 millones tras entregar dinero a García Peguero y a la empresa 3.14 Inversiones World Wide, bajo la promesa de amplios réditos.
Ante ese escenario, la Fiscalía de Monte Plata solicitó a la Oficina de Atención Permanente imponer un año de prisión preventiva contra el imputado, bajo cargos de estafa y amenaza de muerte. En la instancia, presentada por Ramona Santana Uceta junto a los fiscales Yalitza Maralay Martínez Acosta, Félix T. Heredia Heredia y Ángela Contreras Albuez, también se pidió, “bajo la más amplia reserva de Derecho”, una medida de coerción real para suspender las operaciones comerciales de la compañía 3.14 Inversiones World Wide hasta que concluya la investigación.
El expediente indica que el Ministerio Público gestionó el 9 de noviembre la orden de arresto contra García Peguero, emitida por Carmen Daniela Araujo, juez titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata, y que luego fue arrestado en el Distrito Nacional por agentes de la Policía. El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el impacto social de esquemas que captan millones desde una empresa no regulada, mientras las víctimas esperan respuesta institucional y recuperación de sus recursos.
