SANTO DOMINGO. – El proceso penal abierto contra el comunicador Carlos Enrique Rubio Martínez por presunta difamación e injuria difundida por medios digitales vuelve a poner en foco señalamientos que alcanzaron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a supuestas actuaciones irregulares vinculadas con contratistas del Estado. El expediente, que podría desembocar en su extradición y en una comparecencia obligatoria ante tribunales dominicanos, fue promovido por el empresario Alejandro Felipe Mauad Astwood ante la Fiscalía del Distrito Nacional.
De acuerdo con la documentación depositada ante el Ministerio Público, Rubio difundió en redes sociales publicaciones en las que relacionaba a Mauad con supuestas influencias dentro del MOPC, además de presuntas irregularidades. La denuncia plantea que esas acusaciones no tenían sustento, fueron divulgadas de forma pública para dañar la reputación y credibilidad de los denunciantes e incluyeron referencias a la esposa del empresario con fotografías e informaciones de carácter personal y familiar.
La acción fue presentada con base en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Los denunciantes sostienen que las expresiones atribuidas a Rubio fueron más allá de la opinión y pasaron a constituir imputaciones directas sobre supuestos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder. Con Rubio residiendo actualmente en Florida, Estados Unidos, el expediente añade una dimensión internacional, mientras el caso vuelve a colocar en primer plano la necesidad de esclarecer en sede judicial denuncias que rozan áreas sensibles de la gestión pública.