La Cámara Minera y Petrolera (Camipe) volvió a poner sobre la mesa la necesidad de reformar la Ley Minera, al admitir que el marco legal que regula la actividad en el país tiene más de cinco décadas de vigencia y ya no responde a los desafíos actuales. En una entrevista con Listín Diario, su presidente, Pedro Esteva, y su director ejecutivo, Martín Valerio, sostuvieron que el debate debe encaminarse hacia una visión estratégica del sector, en medio de una normativa que, según explicaron, provoca interpretaciones contradictorias y una mayor complejidad en su aplicación.
La entidad indicó que la reforma procura agilizar los procedimientos de aprobación, incorporar tecnologías ya disponibles, reforzar los aspectos medioambientales y lograr que una mayor parte de los recursos generados por la minería llegue a las comunidades cercanas a las zonas de explotación. Asimismo, afirmó que una nueva ley podría aportar tranquilidad a la población y disminuir la oposición a esta industria, al dejar mejor delimitados los términos de la actividad minera.
La postura de Camipe también pone de relieve la dimensión institucional del atraso: Valerio señaló que la propuesta requiere un alto contenido constitucional, sobre todo en lo relativo a la gestión del subsuelo, y defendió la definición de objetivos y objetos claros para evitar la discrecionalidad. Con ello, la discusión sobre la reforma no solo reabre el debate sobre el futuro del sector, sino también sobre la necesidad de mayor vigilancia y reglas precisas desde el Congreso para cerrar la brecha entre el discurso de modernización y una ley de 1971 que continúa vigente.