BUGA (COLOMBIA).– A pocos días del cierre de la campaña presidencial colombiana, una denuncia volvió a poner en primer plano la capacidad del Estado para asegurar comicios libres en zonas sometidas a presión armada. El candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, afirmó en Buga que grupos armados ilegales están amenazando a quienes voten por él en Cauca y Nariño, y advirtió sobre una «grave amenaza contra la democracia y la libertad electoral» en municipios del Pacífico.
De acuerdo con su exposición, en más de 46 de los 64 municipios de Nariño y en más de 36 de los 42 del Cauca hay presión de grupos ilegales sobre la población. De la Espriella vinculó esa situación con territorios donde, dijo, hubo «resultados electorales atípicos» en la primera vuelta del 31 de mayo, y aseguró que en esas zonas se estaría exigiendo a ciudadanos fotografiar el tarjetón marcado por Iván Cepeda para usar esa imagen como salvoconducto en retenes ilegales. La denuncia coloca en el centro no solo la seguridad de los votantes, sino también la necesidad de control y rendición de cuentas sobre las condiciones reales en que se desarrolla la competencia electoral.
La señalamiento se produjo en el cierre de campaña de De la Espriella para la segunda vuelta del 21 de junio, en un contexto en el que la última encuesta publicada este domingo le otorga 48,6 % de intención de voto frente a 44,7 % de Cepeda, mientras 6,7 % se inclina por el voto en blanco. En medio de esa ventaja, la denuncia añade un factor de alerta institucional: más allá de la disputa entre candidatos, el foco se desplaza hacia la protección efectiva del sufragio en regiones donde la presencia de grupos armados sigue condicionando la vida ciudadana.