La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) presentó la entrada en vigor del nuevo Código Penal como un giro institucional de gran calado, pero también como una advertencia sobre los desafíos que aún persisten para asegurar seguridad jurídica, institucionalidad y competencia leal. En el Encuentro Industrial: Nuevo Código Penal, “Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad”, el gremio exhortó al empresariado a alistarse frente a las nuevas obligaciones que incorpora la legislación, en particular la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
A la actividad asistieron la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y representantes del sector industrial y empresarial. Allí, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, afirmó que el nuevo Código Penal supera una normativa concebida hace más de un siglo, aunque insistió en que ese salto solo tendrá efecto real si se aplica con reglas claras, de forma previsible, proporcional y respetando el debido proceso. “La seguridad jurídica es una condición fundamental para invertir, producir, generar empleos y competir”, dijo.
La postura del sector industrial desplaza la discusión más allá del discurso de modernización legal: la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas abre un nuevo escenario de riesgo penal empresarial y centra la atención en la capacidad institucional para aplicar la norma sin arbitrariedad. En ese marco, la implementación del Código queda bajo observación por su incidencia en la confianza, la competitividad y la rendición de cuentas dentro del entorno económico.