SANTO DOMINGO. – Luis Abinader alcanza este domingo la mitad de su segundo mandato con un dato que el Gobierno dominicano exhibe como fortaleza: la estabilidad macroeconómica.
Pero ese balance llega acompañado de un contraste cada vez más visible entre el discurso de gestión y los resultados que siguen pendientes en áreas sensibles, mientras sectores políticos y sociales mantienen críticas por promesas no ejecutadas. El mandatario ha enfrentado la presión de la factura petrolera internacional derivada de la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán mediante subsidios para contener los combustibles, aunque durante su Gobierno esos precios han alcanzado niveles históricos. A eso se suma, según el politólogo Luis González, un crecimiento económico sostenido entre los primeros lugares de América Latina, pero con “algunas deficiencias”, un peso importante del endeudamiento externo y “algunos escándalos de corrupción”. El analista también señaló retrocesos en el servicio energético y en los servicios públicos. La lista de reclamos incluye reformas que siguen sin concretarse, como las modificaciones del Código de Trabajo, la reforma a la Policía Nacional, el Código Civil, la Seguridad Social y asuntos vinculados a la libertad de prensa. Aunque el 3 de agosto entró en vigor un nuevo Código Penal con penas más severas para la corrupción administrativa, feminicidios y violencia de género, el punto de fricción sigue siendo la distancia entre avances puntuales y una agenda de cambios que no termina de traducirse en resultados completos para la ciudadanía.
En ese escenario, la fiscalización opositora gana espacio al poner el foco en rendición de cuentas, institucionalidad y costo social de una gestión que llega a su ecuador todavía bajo cuestionamientos.
