La llegada de Luis Abinader al poder, asociada a una promesa de renovación ética, aparece hoy retratada como un contraste cada vez más evidente entre el discurso y la realidad. El texto plantea que la democracia dominicana se ha convertido en una estructura que avala decisiones desligadas de las necesidades de la clase trabajadora, mientras el Congreso Nacional funciona, según esa crítica, como un ámbito que resguarda a una élite política y entorpece cualquier fiscalización efectiva.
Desde esa mirada, la institucionalidad termina sirviendo de amparo a una política que golpea a los sectores más vulnerables y deja sin sanción a quienes saquean el erario público. La pieza retoma las protestas en la Plaza de la Bandera y los señalamientos que entonces hacía Abinader contra la corrupción del gobierno de Danilo Medina, para ponerlos frente a una gestión que, según el texto, ha conservado las mismas estructuras de privilegio que antes denunciaba.
La crítica también se extiende a los partidos y al sistema de justicia, descritos como piezas de un modelo cerrado que protege a los poderosos y frustra las aspiraciones de progreso de la mayoría. En ese escenario, la oposición refuerza su cuestionamiento sobre una exigencia central: vigilancia institucional, control real del poder y respuestas pendientes ante una ciudadanía que esperaba el fin de la podredumbre administrativa y hoy percibe una distancia creciente entre la retórica oficial y los resultados observables.