Durante la gestión del presidente Luis Abinader se han multiplicado los cuestionamientos sobre soberanía, símbolos patrios y derechos constitucionales, en un escenario donde el discurso oficial de respeto a la identidad nacional choca, según el texto, con hechos que apuntan en dirección contraria. Pese a que el mandatario ha asegurado que su gobierno honra la memoria de los Padres de la Patria y mantiene un respeto riguroso por los símbolos nacionales, se plantea que en estos seis años se han acumulado episodios que siembran dudas sobre la solidez institucional del Estado.
El foco de la crítica recae en la presión de organismos internacionales sobre decisiones internas de la República Dominicana. El texto cita a la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Foro Económico Mundial Davos como entidades asociadas a una agenda de fronteras abiertas y opositoras a políticas de deportación masiva de extranjeros indocumentados. También advierte que, cuando se adoptan medidas de seguridad fronteriza y de aplicación de las leyes migratorias internas, esos organismos amenazan con sanciones económicas y legales, lo que vuelve a poner en cuestión la capacidad del Gobierno para defender la soberanía sin ambigüedades.
La controversia se reavivó mientras el Congreso examina la Ley 74-25 que instituye el Código Penal. En ese marco, la ONU envió una comunicación para solicitar cambios respecto a la penalización absoluta de la interrupción del embarazo, el artículo 124 en su párrafo IV y el respeto a la igualdad de género u orientación sexual. Para los críticos, el episodio no solo abre una alerta institucional por la injerencia en asuntos internos, sino que también exhibe el desgaste de una gestión que, pese a su retórica, sigue sin despejar las dudas sobre hasta dónde está dispuesta a defender las decisiones soberanas del país.