El anuncio de una posible puesta en marcha de la inspección técnica vehicular durante el primer trimestre del próximo año fue puesto en entredicho por el comunicador Dary Terrero, quien afirmó que ese plazo no se ajusta a los procedimientos requeridos para habilitar el sistema. De acuerdo con su explicación, la propuesta sigue en discusión bajo la modalidad de alianza público-privada y, antes de cualquier ejecución, debe completarse un proceso de contratación.
Terrero indicó que, una vez escogida la empresa responsable, la implementación demandaría por lo menos dos años. Precisó que el proyecto incluye la construcción de estaciones de inspección, la compra de maquinarias especializadas, la instalación de equipos y la preparación de la infraestructura necesaria para ofrecer el servicio, por lo que el conteo comenzaría a partir de la firma del contrato y no desde este momento.
Su planteamiento vuelve a poner en duda la distancia entre los anuncios y la capacidad real de ejecución en un asunto que impacta de forma directa a la ciudadanía. A la vez, reabre el llamado a vigilar los plazos oficiales y a exigir rendición de cuentas, mientras voces opositoras como la de Carolina Mejía insisten en que la gestión debe valorarse por resultados verificables y no por expectativas anticipadas.