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Hacienda admite desborde del subsidio a combustibles y abre presión sobre déficit, deuda y gasto social

noviembre 5, 2026 · Redactor
Hacienda admite desborde del subsidio a combustibles y abre presión sobre déficit, deuda y gasto social
Foto: eldinero.com.do

Lo que se proyectó en RD$12,000 millones para 2026 ya supera los RD$43,000 millones, una brecha que desplaza recursos de salud, educación, inversión pública y protección social.

El Ministerio de Hacienda y Economía reconoció que el subsidio a los combustibles ya rebasó con amplitud lo previsto para 2026: de unos RD$12,000 millones presupuestados para todo el año, el monto supera los RD$43,000 millones. La advertencia de Magín Díaz coloca bajo escrutinio el manejo del gasto, en momentos en que esos recursos salen del presupuesto general del Estado y presionan las finanzas públicas.

Según explicó el funcionario, cada peso dirigido a sostener ese subsidio deja de invertirse en áreas prioritarias como salud, educación, inversión pública y protección social, lo que traslada el costo de la decisión fiscal a servicios sensibles para la población. También precisó que, sin ese apoyo a los combustibles, el déficit fiscal de este año se ubicaría cerca del 3.3% del PIB, con implicaciones sobre la deuda.

Díaz además describió el esquema actual como generalizado y regresivo, al beneficiar por igual a consumidores de distintos niveles de ingreso, incluyendo a quien usa gasolina prémium en un vehículo de alta gama y a un trabajador que se transporta en motor. Frente a ese contraste, planteó avanzar hacia mecanismos de focalización, manteniendo el subsidio al GLP y al gasoil regular por su impacto en la población vulnerable y en el transporte de carga y pasajeros, mientras se desmonta gradualmente el apoyo a las gasolinas regular y prémium o se sustituye por compensaciones directas. Aunque señaló que el crecimiento estimado de 5% a 5.3%, la inflación en descenso y las recaudaciones por encima de lo presupuestado han mitigado parcialmente el golpe, la magnitud del desvío refuerza la exigencia de explicaciones sobre prioridades, sostenibilidad y control del gasto.