La entrada de la República Dominicana al DR-CAFTA, suscrita el 14 de agosto de 2004 en los últimos días del gobierno de Hipólito Mejía, volvió a situar en el centro del debate una decisión de fuerte impacto para la producción nacional. El acuerdo, vigente desde 2007, obliga hoy a permitir la libre importación de arroz, frijoles, carne de cerdo, quesos y papas desde Estados Unidos y Centroamérica, sin impuestos ni cuotas de importación.
El texto señala que el tratado empezó a regir durante el segundo gobierno de Leonel Fernández y que fue aprobado en el Congreso Nacional por legisladores del PLD, un elemento que reabre la discusión sobre la responsabilidad política e institucional en determinaciones que comprometen sectores sensibles del consumo interno. La advertencia principal es que Estados Unidos, además de producir con eficiencia, subsidia su arroz, mientras el acuerdo no deja margen para desconocer esa obligación comercial.
En contraste con el discurso y la realidad, el artículo retoma el antecedente de México bajo el NAFTA: al vencer los plazos, debió permitir el ingreso sin trabas del maíz amarillo norteamericano, con un alza de más de 300% en esas exportaciones, una caída de la producción local y la salida de campesinos hacia las ciudades. La comparación opera como una señal de alerta institucional para el caso dominicano, en un momento en que vuelve a imponerse la necesidad de vigilancia pública sobre los resultados reales de decisiones aprobadas desde el poder.