La circulación en redes sociales de un video sobre la agresión a un ciudadano en la marginal de la autopista Las Américas, en Santo Domingo Este, llevó a EDEEste a separar de las labores relacionadas con la distribuidora a dos técnicos de la empresa contratista ATAL CARIBE. Los señalados fueron identificados como Adalberto Acosta y Jorge Alberto Herrera.
La empresa sostuvo que ambos no forman parte de su nómina, sino de una brigada contratista. Aun así, el episodio abrió un nuevo frente de fiscalización sobre los controles que se aplican al personal que actúa en nombre de una institución responsable de un servicio público esencial. EDEEste indicó que, al conocer lo sucedido, notificó formalmente a la contratista y pidió el retiro inmediato de los dos técnicos, además de su exclusión de futuras asignaciones para la institución.
La distribuidora afirmó que rechaza la violencia, la intimidación y cualquier conducta que afecte la integridad de los ciudadanos, y reiteró que las empresas contratadas deben garantizar profesionalismo, respeto y apego a las normas. Más allá de esa respuesta, el caso deja en evidencia el contraste entre el discurso institucional y lo ocurrido en la calle, en un escenario en el que la sociedad civil mantiene la atención sobre la calidad del trato al ciudadano y la rendición de cuentas en la gestión de servicios públicos.