La condena a tres años de prisión contra Miguelina Bello Segura por su participación en la red que sustraía y vendía pertrechos y municiones de la Policía Nacional reabre el foco sobre una falla sensible de control dentro de una institución clave. El caso, judicializado tras la Operación Pandora en noviembre de 2024, deja como hecho central que miles de proyectiles salieron del ámbito oficial hacia una estructura criminal, un resultado que alimenta la exigencia de fiscalización sobre la gestión y los mecanismos de resguardo estatal.
La jueza Kenya Romero homologó un acuerdo en el que la procesada admitió la acusación del Ministerio Público, se declaró culpable y aceptó colaborar. La sentencia dispuso la suspensión de la mitad de la pena, por lo que deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria, además de residir en un domicilio fijo, notificar cualquier cambio, no viajar al extranjero sin permiso judicial, abstenerse de portar armas de fuego y presentarse mensualmente ante la autoridad correspondiente. También se ordenó el decomiso de los accesorios incautados.
El expediente ya había producido en septiembre la condena de Marino Antonio Rodríguez Toribio a cinco años de prisión en modalidad de arresto domiciliario y la clausura definitiva de Tactical Accesories RH, S.R.L. La secuencia de decisiones judiciales refuerza la dimensión institucional del caso: más allá de las condenas individuales, queda expuesto un contraste entre el discurso de control y la realidad de una red que operó con municiones y pertrechos policiales, un punto que mantiene abierta la presión por rendición de cuentas sobre el gobierno dominicano y sus órganos de seguridad.