Las denuncias del abogado Alexander Sánchez Taveras han vuelto a poner bajo la lupa la gestión de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, a la que atribuye presuntas irregularidades que incluyen desde la ausencia de agua potable para internos hasta demoras en el traslado de personas privadas de libertad a los tribunales. De acuerdo con su planteamiento, esas tardanzas se registran en distintas jurisdicciones del país y las respuestas que reciben los internos apuntan a la falta de combustible y de transporte.
Sánchez Taveras, quien representa legalmente a varios ciudadanos que han reportado estas situaciones, afirmó que las autoridades penitenciarias tienen el deber de asegurar la comparecencia de los privados de libertad cuando los jueces lo soliciten, aunque sus casos sigan pendientes de una decisión sobre culpabilidad. “Debe la Dirección de Prisiones hacer las gestiones pertinentes para que esos ciudadanos lleguen a esos tribunales en cualquier parte de la República Dominicana”, expresó. Al insistir en que no se trata de hechos aislados, agregó que la situación golpea a la comunidad jurídica: “No es un tema mío personal. Es que eso lo vivimos a diario los abogados y los jueces”.
También advirtió sobre el acceso al agua potable en los centros penitenciarios, al sostener que algunos internos se ven obligados a beber agua directamente de la llave. A partir de esas denuncias, pidió la intervención del presidente Luis Abinader ante lo que considera una alerta institucional por el funcionamiento del sistema y por el contraste entre la obligación del Estado y la realidad descrita por abogados y afectados.