Las movilizaciones contra el encarecimiento de la vida en Francia cerraron este sábado con 1,200 detenidos y 150 policías y gendarmes heridos, en una jornada que llegó a reunir hasta 800,000 personas y terminó en saqueos, vandalismo y choques. Pese a que el primer ministro, Sébastien Lecornu, responsabilizó a una “maniobra política”, la dimensión de lo ocurrido volvió a poner bajo presión la respuesta oficial frente a una crisis social de alto costo institucional.
En una comparecencia ante la prensa poco antes de la medianoche, Lecornu señaló que el ministro de Justicia, Gerald Darmanin, ordenó a los fiscales solicitar prisión provisional para los detenidos, al considerar que presentan “perfiles particularmente violentos y peligrosos”. También afirmó que en París se intentó atacar “los centros de poder”, entre ellos el palacio del Elíseo, Matignon y la Asamblea Nacional, y agregó que las autoridades no se dejarán intimidar.
La presión sobre el Ejecutivo se intensificó además con el reclamo de los alcaldes de París, Marsella y Lyon, que pidieron reunirse con Lecornu a comienzos de la próxima semana y exigieron “un diagnóstico preciso que explique la cadena de acontecimientos que condujeron a esta situación”. La solicitud, impulsada por tres de las ciudades más golpeadas, traslada la discusión desde la versión oficial hacia las explicaciones aún pendientes sobre cómo una protesta por el costo de la vida derivó en daños, pillajes y tensión institucional.