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Lula lleva el caso de Meta a la OEA y pone bajo lupa la influencia digital en la campaña brasileña

octubre 17, 2026 · Redactor
Lula lleva el caso de Meta a la OEA y pone bajo lupa la influencia digital en la campaña brasileña
Foto: elnuevodiario.com.do

El PT abrió un frente internacional por presuntas interferencias en contenidos vinculados al candidato; mientras la empresa niega una actuación dirigida y habla de fallos técnicos

La campaña de Luiz Inácio Lula da Silva decidió trasladar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sus denuncias contra Meta, en una movida que vuelve a situar a las plataformas en el centro del debate electoral brasileño. Según informó este miércoles el Partido de los Trabajadores (PT), la decisión respondió a una orientación del propio Lula, después de que la formación llevara ante la justicia electoral varios «indicios de interferencia» tras la primera vuelta.

El PT afirma que hubo restricciones que afectaron contenidos vinculados a Lula en WhatsApp e Instagram. Entre los señalamientos que expone figuran una supuesta «selectividad algorítmica» en la herramienta de Inteligencia Artificial de WhatsApp, la imposibilidad de promocionar publicaciones del perfil de Lula en Instagram, una interrupción en el registro de visualizaciones de una publicación oficial y la desaparición temporal de su cuenta del buscador de esa red antes del primer turno. «Llegó la hora de denunciar (a Meta) ante la comunidad internacional, comenzando por la OEA», sostuvo el secretario de comunicación del PT, Éden Valadares, al afirmar que la empresa no ha logrado demostrar que esos hechos fueran casuales.

Meta rechazó la acusación, la tildó de «falsa» y aseguró que «muchos de los problemas técnicos mencionados no afectarán exclusivamente a Brasil ni a cuentas específicas». Pese a ello, la controversia deja abierto el contraste entre el discurso de neutralidad tecnológica y las dudas que ya obligaron a pedir explicaciones en plena campaña. La reunión convocada por el equipo de Lula con observadores internacionales para tratar la presunta interferencia refuerza la señal de alerta institucional sobre un proceso en el que la fiscalización del poder digital pasa a ocupar un lugar central.