La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) rechazó la acusación de que los cabildos adeudan 300 millones de dólares a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) y trasladó la discusión a otro terreno: el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional y del artículo 134 de la Ley General de Electricidad 125-01. Su presidente, Nelson Núñez, sostuvo que, si hay una deuda municipal, también debe examinarse la obligación de las distribuidoras de entregar a los ayuntamientos el 3% de la facturación corriente recaudada dentro de cada jurisdicción.
La sentencia 0100/13 del Tribunal Constitucional establece que las EDES “deben pagar mensualmente el 3% de la facturación corriente recaudada dentro de la jurisdicción de cada municipio y sus distritos municipales”, mientras los municipios y distritos municipales asumen el consumo eléctrico del alumbrado público y otras instalaciones. Núñez afirmó que desde 2013 las EDES no han dado cumplimiento a ese mandato, lo que, a su juicio, ha generado una deuda “incalculable” con los ayuntamientos del país.
Fedomu advirtió que esa morosidad asociada al servicio de alumbrado público es uno de los factores del déficit presupuestario que enfrentan los cabildos para cumplir sus funciones. La respuesta se produce luego de que Celso Marranzini alegara que la falta de pago de las alcaldías representa una carga para el Estado de 300 millones de dólares durante 2025, en una controversia que ahora desplaza la atención hacia las cuentas pendientes y la rendición de cuentas de las distribuidoras.