Con la próxima entrada en vigencia de un nuevo reglamento, la Corte de Arbitraje de Santo Domingo no solo introduce cambios procesales: también vuelve a poner bajo observación la forma en que se gestionan controversias que reclaman respuestas oportunas y confiables. El alcance mismo de la reforma —con nuevas figuras, un mejor orden del procedimiento, responsabilidades más definidas y un refuerzo de la transparencia— deja claro que la eficiencia ya no podía quedar supeditada al estilo particular de cada tribunal.
El texto reformado convierte la conducción activa del proceso en una obligación reglamentaria y le otorga al árbitro facultades concretas para hacerla efectiva. Eso supone conocer desde temprano las dimensiones del caso, consultar a las partes y trazar una ruta procesal razonable para evitar actuaciones que aumenten el volumen sin aportar claridad. También se impone la cooperación de buena fe, en reconocimiento explícito de que la demora puede convertirse en estrategia si no existe suficiente control.
Entre las herramientas previstas están la bifurcación de cuestiones, la delimitación de los puntos controvertidos, la organización de la prueba y la limitación proporcionada de escritos o declaraciones, siempre con resguardo del derecho de defensa. El reglamento además reconoce que parte de la eficiencia depende del uso sensato de la tecnología, mediante tramitación digital y audiencias virtuales, mientras las reuniones iniciales pasan a ser decisivas para identificar desacuerdos, anticipar necesidades probatorias y fijar un calendario claro y realista. En ese marco, la reforma aparece menos como un ajuste técnico que como una alerta institucional sobre la necesidad de vigilar mejor procedimientos cuya lentitud o desorden terminan afectando la confianza en la respuesta arbitral.