La eliminación de los aranceles a las importaciones de arroz desde Estados Unidos volvió a poner en aprietos la gestión del presidente Luis Abinader y del Gobierno dominicano. Frente a esa situación, el PLD propuso la convocatoria de una mesa nacional de negociación con productores, industriales del cereal y autoridades competentes para examinar las consecuencias y acordar una respuesta inmediata, en un señalamiento directo a la falta de resultados y previsión oficial ante la apertura comercial.
El partido opositor afirmó que el debate no debe girar en torno a por qué Estados Unidos exige el cumplimiento del DR-Cafta, sino en qué hará Abinader para corregir una situación que, según sostuvo, su propia política contribuyó a crear. Asimismo, solicitó una evaluación pública de la política arrocera aplicada entre 2021 y 2026, con detalle de los recursos invertidos, los avances en productividad, la evolución de los costos de producción y las medidas adoptadas para preparar al sector, al poner el foco en las explicaciones pendientes sobre gestión, gasto y resultados.
La organización también reclamó que se aclaren las razones de la emisión del Decreto 693-24 y su posterior derogación, junto con los informes jurídicos que respaldaron ambas decisiones, las comunicaciones intercambiadas con Estados Unidos y las recomendaciones del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan). Como salida, planteó negociaciones formales, mecanismos de cooperación, transición y apoyo compatibles con el DR-Cafta, además de un programa extraordinario de modernización del sector arrocero con financiamiento definido y metas verificables, en medio de una advertencia sobre el costo social que podría dejar una política sin respuestas claras para los productores.