El Consejo Regional de Desarrollo (CRD) puso sobre la mesa un Plan Integral de Seguridad Ciudadana concebido como política de Estado y no de gobierno, al afirmar que la paz social es una condición previa del crecimiento económico y no una consecuencia automática. Con ello, la organización deja en discusión la capacidad de las autoridades para encarar una crisis que, a su juicio, requiere coordinación institucional sostenida y no medidas aisladas.
La entidad sostuvo que la seguridad debe tratarse desde los factores que la criminología moderna identifica como decisivos para una cultura de paz: familia funcional, educación en valores, control de economías ilícitas, institucionalidad fuerte y oportunidades productivas. En ese planteamiento, remarcó que la prevención resulta siete veces más barata que la represión, una comparación que vuelve a abrir el debate sobre la eficacia del modelo tradicional frente al deterioro social que ya alcanza a fiscalías y barrios.
A partir de ese diagnóstico, el CRD señaló que el 68% de los expedientes que llegan a fiscalías tiene su origen en la familia fragmentada por precariedad económica, migración interna y pérdida de autoridad parental, mientras que el 52.49% de las denuncias del primer trimestre de 2026 corresponde a violencia intrafamiliar, según el Ministerio Público. Con esos datos, propuso declarar la intervención familiar como prioridad de seguridad nacional mediante el programa «Familia Fuerte, Barrio Seguro», con una Escuela para Padres de 40 horas obligatoria y certificada, en una señal de alerta sobre la distancia entre el discurso oficial de seguridad y la necesidad de una respuesta estructural con rendición de cuentas desde el Estado y seguimiento institucional desde la sociedad civil y el Congreso.