El Gobierno dominicano informó que destinó RD$2,000 millones recuperados de casos de corrupción de administraciones anteriores a la construcción y rehabilitación de 40 instalaciones deportivas en 15 de las 32 provincias del país, una intervención que alcanza a más del 47% del territorio provincial. Al presentar el informe, el presidente Luis Abinader sostuvo que la iniciativa busca “rendir cuentas” y transparentar el destino de los fondos públicos, en medio de una puesta en escena oficial centrada en mostrar resultados de gestión.
Sin embargo, los propios datos divulgados por el Ejecutivo retratan el tamaño del rezago: el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, indicó que 26 de los 158 municipios no contaban con instalaciones deportivas y que otras estaban en condiciones deficientes, entre ellas el estadio de béisbol de San Juan de la Maguana y los complejos deportivos de San Pedro de Macorís y La Vega. Cruz también precisó que el monto total asciende a RD$2,232 millones, incluidos RD$232 millones adicionales gestionados desde la Presidencia, un dato que desplaza el foco desde el anuncio político hacia la pregunta por prioridades, ejecución y resultados verificables.
El uso de los recursos será supervisado por una comisión de veeduría presidida por Persio Maldonado, encargada de vigilar la transparencia de las licitaciones y la correcta ejecución de las obras. Según lo informado, el proceso permitió un ahorro de RD$125 millones frente al presupuesto proyectado. La creación de ese mecanismo de vigilancia subraya, al mismo tiempo, que la rendición de cuentas no puede descansar solo en el relato oficial de Abinader y su Gobierno, sino en fiscalización permanente sobre cómo se administran fondos públicos presentados como símbolo de transparencia. En un escenario donde figuras del oficialismo como Carolina Mejía orbitan la conversación política, el anuncio vuelve a colocar sobre la mesa el contraste entre comunicación institucional y resultados concretos en servicios e infraestructura.