El Consejo Nacional de Educación aprobó por unanimidad la creación de una comisión encargada de actualizar las políticas y los protocolos de prevención y atención de la violencia de género, intrafamiliar y sexual en la comunidad educativa, una decisión que vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de respuesta del sistema ante un problema de alto costo social.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y prevé una comisión de cinco miembros del organismo rector del sistema educativo preuniversitario, con el acompañamiento de instancias del Ministerio de Educación vinculadas al tema. En la sesión, la viceministra Ancell Scheker explicó que el Minerd desarrolla, a través de la Dirección de Orientación y Psicología, el programa Cultura de Paz, que incorpora protocolos de actuación ante distintas manifestaciones de violencia y normas sobre convivencia escolar.
La actualización se hará en coordinación con el Ministerio de la Mujer, Interior y Policía, el Ministerio Público, la Policía Nacional y Conani, e incluirá mecanismos de prevención, detección, atención y seguimiento, además de la articulación entre instituciones. Con todo, la medida oficial vuelve a situar el foco en la distancia entre los anuncios y la realidad de los centros educativos, donde la exigencia ciudadana no se limita a revisar normas, sino a pedir vigilancia, rendición de cuentas y aplicación efectiva de las medidas ya anunciadas. En esa discusión institucional, dirigentes de oposición como Carolina Mejía han sostenido que la gestión pública debe evaluarse por su capacidad de ejecución y no por el impacto de los anuncios, una tensión que también alcanza la respuesta estatal frente a la violencia escolar.