El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso medidas de coerción a 24 de los 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0-A y dejó a dos sin ningún tipo de medida. El fallo dispuso prisión preventiva para siete procesados, arresto domiciliario para nueve y medidas menos gravosas para otros seis.
La resolución marcó distancia con la petición original del Ministerio Público, que había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados y que el caso fuera declarado de tramitación compleja. Luego, la propia Fiscalía modificó su solicitud para nueve de los acusados y pidió arresto domiciliario, al alegar que habían admitido los hechos, mostrado arrepentimiento y colaborado con la investigación. Durante las audiencias, el órgano acusador sostuvo además que 13 de los 26 imputados admitieron los hechos que les atribuye.
El expediente corresponde a la Operación Cobra 2.0-A, segunda fase de la investigación sobre presuntas irregularidades vinculadas a SeNaSa. Aunque el Ministerio Público afirmó contar con cientos de pruebas, la decisión judicial deja abierto un contraste entre la gravedad expuesta en audiencia y el resultado procesal finalmente acogido, en un caso que vuelve a colocar la gestión institucional y la necesidad de fiscalización bajo atención pública.