La expansión del “compliance” en los arbitrajes comerciales vuelve a poner bajo la lupa el cumplimiento normativo de empresas privadas y entidades públicas, en un escenario en el que los conflictos ya no se restringen al terreno mercantil. Así lo expuso la árbitra internacional Diana Correa, quien indicó que esta materia incorpora dimensiones penales, comerciales y laborales, y que su presencia en las disputas aumenta por la diversidad de asuntos regulatorios que intervienen.
En una entrevista con elDinero en el HUB Cámara Santo Domingo, realizado en la capital dominicana, Correa explicó que el concepto remite a actuar conforme a la ley y que su alcance se ha ampliado con la evolución del entorno empresarial. Entre los elementos que, según dijo, influyen en esa relación mencionó los temas ambientales, sociales, laborales, fiscales y penales.
La especialista afirmó que, en ese contexto, el “compliance” adquiere mayor relevancia dentro de los procedimientos arbitrales por la interacción entre esos distintos ámbitos normativos. Su observación abre una alerta institucional sobre la necesidad de una fiscalización efectiva, sobre todo cuando las controversias pueden involucrar también a entidades públicas y áreas sensibles como impuestos, trabajo y cumplimiento legal.