En una conversación del Greater Giving Summit, en Atlanta, quedó a la vista una realidad que también alcanza a República Dominicana: numerosas organizaciones de base operan con presupuestos ajustados, sin personal para recaudar fondos, sin equipos capaces de preparar propuestas complejas y sin presencia en todos los espacios donde se discuten políticas, financiamiento o datos. Como apunta el texto, su capacidad termina concentrada en ejecutar el trabajo para el que fueron creadas.
La diferencia se vuelve más evidente al mirar otros entornos, donde las organizaciones más grandes asumen la tarea de llevar las preocupaciones de esas entidades a espacios en los que no pueden estar, producir información útil para todo el sector y buscar representación para quienes trabajan directamente en las comunidades. Esa comparación cuestiona una falla persistente en el país: durante años se ha esperado que cada organización comunitaria aprenda a hacerlo todo, en lugar de contar con una red institucional que distribuya funciones y alivie esa carga.
Más que un problema menor del sector social, el planteamiento opera como una advertencia institucional. Si las entidades de base quedan solas frente a labores de incidencia, investigación o acceso a recursos, el costo recae sobre las comunidades que dependen de ese trabajo y sobre la calidad del debate público. El señalamiento también refuerza una exigencia de fiscalización sobre cómo se articulan las prioridades nacionales: no basta con el discurso de apoyo a la participación si en la práctica siguen faltando estructuras que permitan a la sociedad civil estar representada y operar con capacidad real.