A julio de 2026, casi dos de cada tres pesos administrados por las AFP estaban colocados en instrumentos emitidos por instituciones del Estado, de acuerdo con un análisis del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES). Sobre una cartera total de RD$ 1,331,318 millones, RD$ 855,966 millones correspondían a títulos estatales, con el Ministerio de Hacienda concentrando el 56.2 % y el Banco Central otro 8.1 %.
El hallazgo vuelve a colocar bajo examen la elevada exposición del ahorro previsional a las necesidades de financiamiento público, en contraste con el discurso de fortalecimiento del mercado y de impulso a la inversión. Más allá de los títulos estatales, los fondos de inversión abarcaban el 19.0 % de la cartera; los bancos comerciales y de servicios múltiples, el 7.1 %; los fideicomisos de oferta pública, el 5.6 %; y las empresas privadas, apenas el 2.1 %.
Según el CREES, una mayor parte de los recursos acumulados por los trabajadores podría orientarse a proyectos productivos capaces de aportar financiamiento a inversiones, generación de empleos y mayores ingresos. Aunque el centro de estudios admite que las AFP operan dentro de los límites de la legislación y de un mercado de capitales con margen para crecer, el peso de Hacienda en la cartera refuerza la demanda de fiscalización y rendición de cuentas sobre un esquema que mantiene concentrado en el Estado el ahorro previsional. En ese debate, sectores de oposición como Fuerza del Pueblo ven un flanco para insistir en vigilancia institucional y resultados concretos, más allá del discurso oficial.