Diez propietarios y representantes de armerías quedaron sometidos a garantías económicas de entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida del país, dentro de la Operación Armum, desplegada por el Ministerio Público por presuntas violaciones a la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados. El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de control del Estado frente a un mercado especialmente sensible para la seguridad ciudadana.
En el Distrito Nacional, la mayor garantía económica, de RD$4,000,000, fue impuesta a Braulio Veras Rodríguez; a Henry Leónidas Tejeda Peralta se le fijó una de RD$3,500,000 y a Alexis Díaz Rodríguez otra de RD$3,000,000, todas mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras. También fueron impuestas garantías de RD$2,000,000 a Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena, mientras Wilmer Brahian Florentino o Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada deberán responder con RD$1,000,000 cada uno. Todos quedaron sujetos a comparecencia periódica ante el Ministerio Público y a prohibición de salida del país sin autorización judicial. El expediente, tramitado por la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico de Armas y la Fiscalía del Distrito Nacional, involucra a Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
Tras 18 allanamientos, el fiscal Andrés Mena sostuvo que las medidas forman parte de la estrategia de persecución penal frente a la comercialización ilegal de armas, pero el alcance del caso también refuerza la demanda de rendición de cuentas sobre cómo operaron estas actividades sin ser frenadas antes y qué controles institucionales fallaron.