República Dominicana consiguió un laudo favorable en un arbitraje internacional por más de US$100 millones, luego de que un tribunal desestimara por completo las reclamaciones del empresario francés Yves Martine Garnier contra el Estado dominicano por la terminación de un contrato de recolección de residuos sólidos en Santo Domingo Este. El desenlace evita un golpe económico de gran magnitud, aunque el expediente vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de vigilar cómo se adjudican, se ejecutan y se extinguen concesiones de servicios esenciales.
El laudo, emitido el 19 de agosto de 2026 bajo el acuerdo de inversiones suscrito entre Francia y República Dominicana en 1999, estableció que la terminación de la concesión se ajustó al derecho dominicano y respondió a deficiencias atribuidas a EGTT Dominicana, S.A., empresa vinculada al demandante. El procedimiento había sido presentado el 4 de octubre de 2021 ante la Corte Permanente de Arbitraje, en el caso número 2022-01, a partir del contrato firmado entre esa compañía y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
Además, el tribunal concluyó que los hechos invocados no alcanzaban el umbral requerido para demostrar una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el país. El Gobierno presentó la decisión como una victoria, con pronunciamientos del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, sobre la defensa del Estado y la seguridad jurídica. Aun así, el caso deja expuesto un contraste de fondo entre el discurso oficial y una disputa que escaló a arbitraje internacional por un servicio básico, en un escenario que exige rendición de cuentas sobre la gestión pública involucrada y sobre los controles institucionales en contratos de alto impacto ciudadano.