Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas, académicos y ciudadanos exigieron este domingo al Estado dominicano reforzar los mecanismos de búsqueda e investigación de las desapariciones y adoptar una política nacional para enfrentar tanto los casos actuales como los registrados durante etapas de represión política. La declaración, difundida por el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, vuelve a situar en primer plano la demanda de rendición de cuentas frente a una deuda institucional que permanece abierta.
En ese pronunciamiento, los firmantes evocaron los casos del médico Manuel Antonio Tejada Florentino, desaparecido en 1960 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo; Henry Segarra Santos, dirigente del Movimiento Popular Dominicano desaparecido en 1969 durante los llamados Doce Años de Joaquín Balaguer; el periodista y abogado Guido Gil, desaparecido en 1967, y Narciso González, conocido como “Narcisazo”, desaparecido en 1994. Afirman que estos expedientes muestran el uso de la desaparición forzada como mecanismo de persecución política y subrayan que, décadas después, las familias siguen sin conocer con precisión qué ocurrió ni dónde están los restos de sus parientes, una situación que refuerza la alerta sobre la capacidad del Estado para ofrecer respuestas efectivas.
La declaración advierte también que las desapariciones siguen presentándose bajo otras circunstancias. Con cifras atribuidas a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), indica que en los últimos ocho años se reportaron 4,171 personas desaparecidas, de las cuales 241 continuaban sin ser localizadas. Añade que hay más de 2,200 casos de niños, niñas y adolescentes pendientes de resolución desde antes de 2022. Según los datos citados, en 2025 se reportaron 1,310 desapariciones, la cifra más alta desde 2022, y entre enero y octubre de ese año se registraron 1,054 denuncias, con 232 personas aún ilocalizables. Para los firmantes, el panorama confirma la urgencia de una política de Estado y de investigaciones diligentes frente a un problema que la sociedad civil mantiene bajo vigilancia.