La Junta Central Electoral suspendió la aplicación del artículo 13 del reglamento sobre firmas encuestadoras y publicación de sondeos, una disposición que impedía difundir encuestas antes del domingo cuatro de julio de 2027, fecha de inicio de la precampaña electoral. Con el giro, las encuestas podrán volver a publicarse mientras no exista una decisión del Tribunal Constitucional.
El cambio quedó marcado por una contradicción institucional que obliga a mayor fiscalización: la suspensión se mantendrá hasta que el Tribunal Constitucional emita sentencia, pese a que, según la propia JCE, esa alta corte todavía no ha sido apoderada de ningún recurso sobre el tema. El órgano justificó la medida alegando que no existe una resolución legal definitiva y sostuvo que actúa en un “ejercicio prudencial de responsabilidad institucional, respeto al Estado de derecho y ponderación de los bienes jurídicos involucrados”, en referencia a los derechos de acceso a la información y libertad de expresión. La decisión, encabezada por el presidente del pleno, Román Jáquez Liranzo, tampoco fue unánime. Los miembros Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises presentaron votos disidentes, en una señal de alerta sobre los límites de competencia dentro del propio organismo.
El episodio reabre el contraste entre reglas anunciadas y su aplicación real, en un escenario donde la discusión electoral vuelve a moverse entre disposiciones cambiantes y vigilancia institucional pendiente.