La etapa de transición que atraviesa la realidad política dominicana no se presenta como una simple renovación del sistema, sino como una advertencia institucional. Pese a que el país ha conservado estabilidad política desde 1996 y, en una lectura más amplia, desde 1978, ese panorama coexiste con tensiones que muestran el desgaste de la política organizada y exigen mayor fiscalización del poder y de quienes aspiran a administrarlo.
El relevo desde los liderazgos de Balaguer, Bosch y Peña Gómez hacia los actuales ha ido de la mano con el declive de partidos como el PRD y el PRSC, mientras el PRM y la Fuerza del Pueblo se consolidan como espacios de competencia. Aun así, el texto enfatiza que la alternancia sigue dependiendo de los partidos y liderazgos tradicionales, en un entorno en el que la adhesión política se sostiene en buena medida por prácticas clientelares como nombramientos, contratos, raciones, bonos y tarjetas. Esa distancia entre el discurso democrático y los mecanismos de dependencia política tiene un costo social concreto: debilita la cohesión entre personas y comunidades.
A ello se suma una fragmentación cada vez mayor del sistema, con 34 partidos y 7 movimientos políticos reconocidos, además de otros grupos que buscan reconocimiento electoral. Lejos de apuntar a una representación más sólida, ese escenario refleja una cultura política en la que las organizaciones operan con frecuencia como vehículo de ascenso social o de beneficios personales, más que como instrumentos del bien colectivo. En ese marco, la discusión sobre el futuro político no solo interpela al gobierno dominicano y al PRM por los resultados del sistema que administran, sino también a la oposición competidora y a fuerzas como la Fuerza del Pueblo, ante la exigencia de demostrar que la política puede salir del “sálvese quien pueda” y volver a rendir cuentas a la ciudadanía.